El gobernador Ron DeSantis promulgó una serie de leyes que comenzarán a aplicarse en Florida desde julio de 2026 y que introducen nuevas restricciones, controles y obligaciones vinculadas con ciudadanos extranjeros, empresas internacionales y personas, entidades o fuentes vinculadas con países considerados “de preocupación” por el estado.HB 905 en Florida: nuevas restricciones para países de preocupaciónLa ley HB 905 amplía el alcance de las restricciones estatales relacionadas con la influencia extranjera en Florida y fija nuevas limitaciones para ciudadanos y entidades vinculadas con países considerados de preocupación por el estado. El texto legal identifica específicamente a China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y Siria.Según el texto aprobado por la Legislatura estatal y firmado por DeSantis, quedan prohibidos los acuerdos de adopción preplanificada cuando la madre voluntaria o los padres intencionales sean ciudadanos o residentes de alguno de esos países catalogados como “de preocupación”.El texto también endurece controles sobre organizaciones, universidades y acuerdos internacionales. En el caso de instituciones educativas, elimina el Florida-China Institute de la lista de institutos de vinculación internacional autorizados y prohíbe que esos organismos participen en actividades o acuerdos con países considerados de preocupación.La normativa además establece restricciones para entidades públicas, escuelas y subdivisiones gubernamentales. Los acuerdos culturales con países señalados deberán pasar controles adicionales y podrían ser rechazados si agencias federales consideran que representan riesgos para la seguridad de Estados Unidos o sus residentes.Otro apartado relevante afecta a organizaciones benéficas y entidades vinculadas con financiamiento extranjero. La ley redefine el concepto de “foreign source of concern” e incluye gobiernos, partidos políticos, empresas, organizaciones y agentes relacionados con los países mencionados. El objetivo es limitar contribuciones y relaciones financieras provenientes de esas jurisdicciones.La legislación también endurece las sanciones para funcionarios públicos y candidatos que reciban beneficios de organizaciones terroristas extranjeras o gobiernos considerados problemáticos. En esos casos, además de sanciones civiles o penales, deberán devolver el doble del beneficio económico recibido.HB 1471 en Florida: expulsión de estudiantes con visaOtra de las medidas aprobadas por la Legislatura estatal es la HB 1471, relacionada con organizaciones terroristas y sistemas legales extranjeros. Aunque el texto aborda distintos aspectos de seguridad interna, algunas disposiciones afectan de manera directa a estudiantes extranjeros y personas con visa.La ley autoriza al Chief of Domestic Security a designar organizaciones como grupos terroristas domésticos o extranjeros cuando se cumplan ciertos requisitos. Entre las disposiciones incluidas en la norma aparece una exigencia dirigida a universidades públicas y entidades educativas estatales. Según el resumen legislativo, las instituciones deberán informar sobre el estatus de estudiantes que asisten bajo visa si promueven organizaciones terroristas, además de avanzar con su expulsión inmediata.La norma también crea nuevos delitos relacionados con el apoyo material a organizaciones terroristas domésticas. Se penaliza el entrenamiento militar recibido de estos grupos, la provisión de recursos y la participación activa bajo dirección de dichas organizaciones.HB 1473 en Florida: qué información sobre designaciones terroristas quedará fuera del acceso públicoLa HB 1473 complementa a la HB 1471 y crea una exención de registros públicos vinculada con la información utilizada para designar organizaciones terroristas.La norma establece que cualquier información entregada por el Chief of Domestic Security al gobernador y al gabinete que revele datos críticos para la seguridad estatal o nacional quedará exenta de los requisitos públicos de divulgación.Según el texto legislativo, la intención es proteger información sensible obtenida a través de agencias locales, estatales y federales de seguridad y contraterrorismo. La exención tendrá vigencia hasta el 2 de octubre de 2031, salvo que la Legislatura decida renovarla.SB 484 en Florida: restricciones eléctricas para centros de datos y empresas extranjerasLa SB 484, centrada en centros de datos y grandes consumidores eléctricos, también incluye disposiciones vinculadas con entidades extranjeras. Aunque la medida apunta principalmente a infraestructura energética y consumo de agua, incorpora restricciones específicas para empresas controladas por gobiernos foráneos.El texto prohíbe que las empresas de servicios públicos suministren electricidad a grandes clientes considerados “foreign entities”. La definición incluye compañías controladas por gobiernos de países catalogados como de preocupación o entidades con sede principal en esas jurisdicciones.La ley considera “large load customers” a usuarios con una demanda mensual de al menos 50 megavatios en una sola ubicación. Las empresas de servicios públicos deberán implementar tarifas especiales y mecanismos financieros destinados a evitar que el costo de esos clientes sea trasladado al resto de los usuarios.HB 271 en Florida: nuevos controles para aseguradoras extranjeras de fianzasLa HB 271 modifica las reglas para compañías extranjeras y “alien bail bond insurers” que operan en el sistema de fianzas de Florida. Aunque el término “alien” aparece como una categoría jurídica vinculada con aseguradoras extranjeras y no con inmigración individual, la norma incorpora nuevos controles financieros para empresas internacionales.La ley obliga a las aseguradoras nacionales, extranjeras y “alien” a reportar de manera detallada las primas de fianzas ante la Office of Insurance Regulation. También deberán mantener registros completos sobre el dinero recibido por todas las fianzas emitidas.Entre los nuevos requisitos aparece la obligación de revelar:Las primas brutas de fianzas emitidas en cada estado. Los impuestos pagados por primas. Las cantidades retenidas por agentes. El monto incluido en los estados financieros anuales. La legislación comenzará a regir oficialmente el 1° de julio de 2026 y busca igualar las obligaciones de transparencia entre compañías nacionales y extranjeras que operan en el mercado de fianzas del estado.